La Jabalinada / Bruno Cortés
En México las elecciones no se roban el día de la votación: se ablandan antes. Primero se desgasta al árbitro, luego se normaliza la sombra en los jugadores, y al final se nos pide fe. Fe en las urnas, fe en el conteo, fe en que nadie movió la pelota mientras veíamos para otro lado.
Empecemos por el árbitro. Guadalupe Taddei entregó el lunes a la Cámara de Diputados su renuncia a la presidencia del INE. Según La Jornada, el proveedor José Alfredo Hernández Casillas acumuló 1,450 millones de pesos en 49 contratos entre 2018 y 2025; según Reforma, la Auditoría Superior encontró contratos simulados y triangulación por 514 millones, y la UIF investiga a siete empresas ligadas a él y a su hermano. El chofer oficial de Taddei, según Reforma, tiene desde 2023 un poder para pleitos y cobranzas de Corporativo ZEG, una de esas empresas. El chofer de la presidenta, apoderado del proveedor. Ni en las telenovelas se atreven a tanto.
La salvedad, porque aquí se respeta la ley aunque otros no: no hay sentencia, hay investigación. Y conviene separar el trigo de la paja, porque esta semana circularon versiones de una «guarida secreta» en el Pedregal, entregas de efectivo y boletas dobles que hoy descansan en un solo testigo anónimo o en la «lectura» de quien las difunde. Eso no está probado y aquí no se da por hecho. Lo documentado, en cambio, basta y sobra para que una presidenta del árbitro electoral no pudiera seguir en el cargo.
Y hay un detalle que nadie debería pasar por alto: Taddei presidió el instituto electoral de Sonora de 2014 a 2021. En 2021, según LatinUS, ese instituto le dio un contrato de 46.9 millones a Cajas Graf. Y 2021 es también el año en que Alfonso Durazo ganó la gubernatura de Sonora. No digo que una cosa explique la otra; digo que en Sonora las coincidencias empiezan a hacer fila.
Porque Durazo trae su propia cola. En junio, Los Angeles Times publicó, con fuentes anónimas, que a Durazo le cancelaron la visa y que Estados Unidos lo investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado; después The New York Times lo mencionó entre los objetivos de las pesquisas estadounidenses. Durazo lo niega todo: dice que no ha recibido notificación alguna y que es tan honesto que «prácticamente suda agua bendita». No hay acusación formal pública en su contra, y así debe decirse. Pero quien fue secretario de Seguridad de los «abrazos, no balazos» y hoy preside el Consejo Nacional de Morena no puede despachar el tema como «una nota más». A un político no se le exige agua bendita: se le exigen papeles.
A principios de octubre, además, reportajes documentaron contratos por más de 108 millones de pesos, entre 2020 y 2025, de gobiernos estatales y municipales de Sonora y Baja California con empresas sancionadas por la OFAC por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Durazo respondió que su gobierno «no mantiene ni ha mantenido» relación con ellas y que «es probable que gobiernos anteriores sí». El viejo truco: la culpa siempre vive en el sexenio pasado.
Y no es un caso aislado. En abril, el Departamento de Justicia acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy con licencia, junto con otros nueve funcionarios actuales y anteriores, de ayudar al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores electorales. Favores electorales. Así, con todas sus letras, en un expediente extranjero. Rocha Moya tiene derecho a defenderse, y lo debe hacer; pero la palabra ya está escrita.
La presidenta Sheinbaum califica esas investigaciones como injerencia electoral. Tiene un punto: la soberanía no es adorno y Washington no es árbitro de nuestras urnas. Pero la soberanía se defiende mejor con fiscalías que investiguen en casa que con mañaneras que descalifiquen afuera. Si aquí nadie revisa, que no nos extrañe que revisen allá.
Y entonces la pregunta que incomoda: ¿se puede tener una elección democrática en junio de 2027 con un árbitro descabezado y con la mano del narco señalada en las campañas? Mi respuesta: sí se puede, pero no sale sola. El INE no es su presidenta; son miles de funcionarios de casilla, ciudadanos que cuentan votos a mano y un servicio profesional que ha organizado elecciones limpias aun bajo fuego. Esa es la buena noticia. La mala es que la confianza no se decreta.
No sirve una elección limpia en las casillas si los candidatos llegan financiados desde la sierra. No sirve un conteo impecable si el árbitro llega palomeado desde San Lázaro. No sirve la autonomía si el que la nombra es el mismo que compite.
Ricardo Monreal promete que el relevo será «sin dados cargados». Morena tiene 254 diputados y la llave del proceso; si no hay mayoría calificada, la Constitución manda insaculación. Tómbola para el árbitro. Hasta en eso somos originales.
La oposición tampoco llega con las manos limpias: el PRI y el PAN tuvieron sus propios gobernadores bajo la lupa y sus propios proveedores consentidos. Que exijan transparencia está bien; que la practiquen sería novedad.
P.D. 1. — Ojo con los perfiles. Un presidente del INE que llegue con credencial de partido sería la mejor noticia para quien quiera ensuciar 2027.
P.D. 2. — Ojo con Sonora. Gobernador investigado según la prensa estadounidense, árbitro con pasado sonorense y contratos con empresas sancionadas: demasiadas coincidencias para un solo desierto.
El narco no necesita robarse las urnas. Le basta con que dejemos de creer en ellas.
Y esa duda ya va en campaña.
